El sector asegurador ha avanzado significativamente en los últimos años gracias a la innovación y digitalización de los procesos para ofrecer soluciones adaptadas a particulares, empresas e instituciones. Las empresas InsurTech han introducido dinamismo, nuevos métodos operativos e incluso elementos disruptivos, lo que ha hecho que el sector seguros sea más robusto, moderno y competitivo….
El sector asegurador ha avanzado significativamente en los últimos años gracias a la innovación y digitalización de los procesos para ofrecer soluciones adaptadas a particulares, empresas e instituciones. Las empresas InsurTech han introducido dinamismo, nuevos métodos operativos e incluso elementos disruptivos, lo que ha hecho que el sector seguros sea más robusto, moderno y competitivo.
No obstante, el mercado asegurador está fuertemente regulado y eso genera barreras importantes que dificultan la evolución, innovación y digitalización. El informe sobre digitalización del sector asegurador, elaborado por la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) junto a UNESPA, expone los obstáculos existentes en el marco regulatorio actual y propone cambios en la normativa para eliminar estas barreras, sin afectar la protección de los derechos de los consumidores y la digitalización del sector. Sobre la base de ese documento, la AEFI y UNESPA han elaborado un paper en el que analizan cuáles son esas limitaciones normativas que afronta el sector y plantean algunas propuestas para superarlas y situarlo a la vanguardia de la industria financiera a nivel europeo.
La regulación nacional a la que están sujetas las aseguradoras y el resto de actores involucrados en la distribución de seguros se basa en un conjunto de normas que fueron desarrolladas en un contexto muy diferente al actual. Concretamente, la Ley de Contrato de Seguro (LCS) fue redactada en 1980. Durante todo este tiempo no sólo ha evolucionado la tecnología, sino que también han surgido nuevas necesidades y hábitos entre los consumidores. Por ello, AEFI y UNESPA proponen actualizar esta ley para adaptarla a las nuevas tecnologías, necesidades y hábitos de los consumidores, permitiendo que los productos de seguro se transformen digitalmente y se ajusten a las expectativas de la sociedad.
Entre las medidas propuestas se encuentra la flexibilización de las normas sobre la duración de los contratos o la supresión de formalismos que complican innecesariamente el proceso de contratación y generan numerosos conflictos en la práctica, como la regulación sobre cláusulas limitativas.
AEFI y UNESPA apuntan la necesidad de adaptar las normas que regulan la actividad de distribución de seguros. La Directiva de Distribución de Seguros (IDD) establece el principio de «papel por defecto», según el cual se requiere que la información precontractual y contractual se comunique a los clientes por escrito como regla general.
Frente al enfoque actual, las asociaciones proponen que el principio de «papel por defecto» debe cambiarse a «papel a demanda», lo que implica que sólo se emitirá el correspondiente folleto informativo o contrato en ese formato en aquellos casos en los que el cliente ejerza su facultad de elección para recibir la documentación en papel. En caso contrario, se le remitirá la información en soporte duradero por correo electrónico u otro medio digital.
Por último, junto con la modificación de la IDD, se considera conveniente la modificación del RDL, proponiendo cambios en la regulación tales como una información precontractual más clara y orientada al cliente, y la agilización en los tiempos de resolución de los expedientes administrativos, de 3 a 1 mes.
Resultaría esencial avanzar en la modernización de la terminología que se usa en la documentación e información que se les proporciona a los clientes, con el fin de evitar el distanciamiento con el cliente que, en ocasiones, la jerga del seguro produce. El público en general, y el perfil cada vez más digital de los ciudadanos, que buscan inmediatez y personalización en los productos que demandan, exigen canales e interlocutores que se adapten a su manera de comunicarse y que utilicen un lenguaje sencillo y actualizado a la era digital.
Aunque la industria lleva tiempo avanzando en esta materia, como demuestra la aprobación de la “Guía de buenas prácticas en el uso terminológico utilizado en el documento de información de productos de seguros no vida (DIP)”, en ocasiones el principal problema deriva de la propia normativa, que utiliza una terminología técnica y especializada alejada de los consumidores y que supone de facto una barrera para los ejercicios de claridad y transparencia que emprenden las entidades aseguradoras.
El cloud computing se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante en la industria financiera. Como parte de sus estrategias de transformación digital, muchas compañías de seguros y reaseguros del continente europeo están incrementando el uso de la nube para mejorar la experiencia del usuario. En este contexto, la seguridad de los datos y del sistema es fundamental, especialmente en lo que respecta a los datos personales y sensibles. Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrece, es importante destacar que la externalización del cloud computing está sujeta estrictos requisitos en la legislación sectorial.
Además, el legislador europeo ha considerado necesario abordar estas cuestiones en el Reglamento DORA, que establece un marco regulatorio para garantizar que todas las empresas del sector financiero utilicen los medios necesarios que aseguren su resistencia y capacidad de respuesta ante cualquier tipo de perturbación o amenaza relacionada con el ámbito digital, prestando especial atención a la relación con proveedores.
AEFI y UNESPA proponen una mayor interrelación y cooperación con las entidades para superar las barreras y los principales obstáculos regulatorios que limitan el desarrollo digital en el sector asegurador.
El preámbulo de la Ley 7/2020 del 13 de noviembre, orientada a la digitalización del sistema financiero, establece una serie de objetivos que buscan hacer del Sandbox un espacio óptimo para fomentar proyectos innovadores en el sector asegurador y generar un entorno propicio para que empresas disruptivas puedan llevar a cabo sus ideas.
Desde su nacimiento, el Sandbox se considera el espacio adecuado para impulsar la innovación en el sistema financiero, ofreciendo oportunidades para que nuevos actores entren en el sector, a través de una mejora en el acceso a la financiación y la captación de talento. Sin embargo, las pruebas realizadas hasta la fecha han generado cierta desilusión con respecto a las expectativas, por lo que conviene recordar que el Sandbox no debe utilizarse como una herramienta de control y restricción de la innovación por parte de las autoridades, sino como un medio para promover su desarrollo.
Ambas organizaciones proponen eliminar las cohortes, reforzar el papel del Sandbox como espacio de pruebas en materia regulatoria del sector asegurador, la flexibilización en los requisitos de acceso a las pruebas, y dotar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) de los medios económicos y humanos para mejorar la experiencia y reducir los tiempos en los expedientes.