Me ha llevado tiempo llegar a esta conclusión, pero en España la innovación parece más una meta burocrática que una realidad de mercado. Se legisla, se regula y se crean organismos para «fomentarla» o para recibirla ya atemperada de otros países. Sin embargo, en la práctica, el exceso de institucionalización acaba por anular la verdadera disrupción. En un entorno donde aranceles, impuestos, tasas o subvenciones dopan la competencia, una innovación de mercado libre y directa se vuelve una quimera.

Un ejemplo concreto es la reciente actualización de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025). Aunque se han introducido categorías específicas para actividades emergentes como la inteligencia artificial, blockchain o ciberseguridad, las empresas que lanzan nuevos modelos de negocio en el ámbito financiero y asegurador siguen enfrentándose a serias dificultades para encajar en los epígrafes existentes. Esto supone barreras en el acceso a financiación, licitaciones públicas y regulaciones específicas, lo que obliga a muchas start ups a ajustarse a estructuras arcaicas tradicionales para operar sin problemas legales. La dificultad de encontrar un CNAE adecuado para una start up es inversamente proporcional a su nivel de innovación.

Otras paradojas afectan a los mecanismos diseñados para impulsar la innovación. El Sandbox Financiero, concebido para facilitar la prueba de nuevos modelos Insurtech y Fintech, empezó con expectativas muy positivas, pero su impacto sigue siendo limitado. Mientras tanto, en el ámbito energético, el sandbox del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que teóricamente busca fomentar la innovación en el sector, se ha convertido en un entorno donde los grandes actores mueven con facilidad sus «Fichas Certificadas», mientras que los nuevos modelos de negocio que podrían generar competencia real quedan excluidos.

Desde la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), llevamos años alertando de estos problemas en nuestros Libros Blancos, elaborados con el apoyo de expertos jurídicos y con propuestas concretas para mejorar el acceso a la innovación. Las necesidades de las pymes innovadoras son claras y siguen sin resolverse.

En primer lugar, el acceso real a financiación pública y Fondos Europeos, dentro del proceso Sandbox y de otros procesos innovadores. También resulta crucial facilitar la entrada de modelos de negocio de otros Estados Miembros de la UE, evitando barreras innecesarias, mayor agilidad en la modificación normativa, sin que los procesos regulatorios tarden años en actualizarse.

Con respecto al sandbox, sería necesaria una revisión del papel de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) para convertirse en observador y asesor, no un filtro previo que desincentiva la experimentación. En este sentido, también sería interesante la creación de un «Sandbox de oficio» en el que los reguladores trabajen con start ups en tecnologías de alto impacto y beneficio social.

Por otro lado, hace falta una mayor implicación de la CNMC, para garantizar el acceso a espacios regulatorios sin que este dependa exclusivamente de acuerdos con grandes entidades financieras, la constitución de un Comité de Innovación en el Sector Seguros (CISS) para acelerar la transformación digital y la flexibilización de requisitos excesivos que actualmente bloquean el crecimiento de actividades emergentes.

A todo esto, se suma un fenómeno preocupante: mientras conseguir inversión real para startups es una odisea, el mercado de quienes te pueden aleccionar sobre cómo conseguirla ha crecido exponencialmente en el último año. Escuelas de emprendedores, aceleradoras, lanzaderas y otras fórmulas de «mentoría» proliferan al amparo de fondos públicos y privados, vendiendo metodologías que no garantizan resultados. Lo que antes eran los cursos de formación subvencionados —que llenaron páginas de escándalos en los años 90—, hoy se han transformado en una nueva vía para repartir recursos europeos a fundaciones empresariales y facilitadores institucionales. Lo peor de todo es que el dinero europeo nunca llega realmente a las pymes, que son las que generan empleo y riqueza. Y eso es gravísimo.

El problema de fondo es que, mientras la innovación en Europa y Estados Unidos avanza sin pedir permiso, en España seguimos atrapados en un sistema donde la burocracia define qué es innovador y qué no, en lugar de dejar que el mercado lo determine. Esto no solo frena la competitividad, sino que lanza un mensaje desalentador a los emprendedores: ser demasiado innovador en España no solo no te ayuda, sino que te penaliza.

La pregunta es, ¿quién está dispuesto a cambiar esto? Porque el hecho mismo de que tengamos que escribir un artículo para tratar de mover conciencias regulatorias, en lugar de estar en el debate y comunicación constante con actores económicos, empresariales e inversores, revela hasta qué punto la innovación en España sigue dependiendo más de permisos administrativos que del empuje intelectual, tecnológico y económico.

José Luis Orós, Vertical Insurtech de AEFI 

Podrás encontrar la tribuna en la web de Disruptores (El Español)