La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), que agrupa a casi 140 compañías Fintech e Insurtech, ha recogido las principales reclamaciones y retos que afronta el ecosistema para 2020 en España, tras un año pasado donde el sector consiguió progresar en la adopción de nuevas modelos de negocio y dar pasos decisivos para la mejora de la regulación, con la puesta en marcha de la normativa PSD2 y los avances para la implantación del Sandbox.  

1. La aprobación definitiva y puesta en marcha del Sandbox

El Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero ya aprobó el anteproyecto de ley para la transformación digital del sector financiero y asegurador, que incluye la creación del Sandbox, por lo que ahora urge que el Parlamento lo apruebe.

El Sandbox es un espacio de pruebas controlado y no desregulado que identificará una serie de proyectos innovadores que mejoren la prestación de servicios financieros, con unos protocolos de supervisión estandarizados, un espacio diseñado para crear condiciones seguras en las que puedan probarse innovaciones tecnológicas con máximas garantías para todos los participantes en el proceso, garantizando la protección de los consumidores y usuarios.

• Avanzar hacia un entorno regulatorio óptimo

Mejorar los procesos del regulador y supervisor para crear un entorno regulatorio óptimo, que resulta primordial para fomentar el desarrollo y creación de startups Fintech e Insurtech y acelerar así la transformación digital de todo el sector financiero y de seguros en España. La puesta en marcha en 2019 de PSD2, que promueve la mejora de la seguridad a la hora de hacer pagos y también simplificar los procesos, es un buen ejemplo.

• Mejorar las relaciones entre el Fintech y las entidades financieras tradicionales para aprovechar sinergias y adoptar acuerdos de cooperación e inversión

La necesidad de que el Fintech y la banca tradicional se entiendan y trabajen juntos es un punto crucial para el mejor desarrollo de la industria. España es el país con mayor número de start ups en relación con su población, pero todavía el nivel de inversión en proyectos de innovación es muy bajo por lo que es necesario una mayor cooperación entre ambos mundos para aprovechar las ventajas competitivas de ambos.

• Un apoyo decidido de las instituciones públicas

Una apuesta decidida por parte de las instituciones públicas para apoyar el desarrollo del ecosistema Fintech, un sector con más 700 compañías que sitúa a España entre los 10 mayores ecosistemas mundiales, creando más de 5.000 empleos directos y de alta cualificación y que podría generar más de 1.000 millones de euros en inversión anual en la próxima década.

• Dar los últimos pasos hacia la alianza Fintech europea.

Tras una reunión celebrada en fechas recientes en Bruselas, las asociaciones europeas realizarán un llamamiento al resto de entidades de este ámbito en el continente para iniciar un proceso de diálogo recurrente y más fluido con la Comisión Europea en Bruselas, que facilite la conexión y entendimiento entre las empresas Fintech europeas, y buscarán también la promoción y apoyo a las iniciativas reguladoras comunitarias, mediante la identificación de problemas y cuestiones comunes.

• El desarrollo de documentos de nuevas prácticas para el sector

2020 también debe ser el año donde se impulsen una serie de medidas que sitúen al sector Fintech e Insurtech como punta de lanza para la transformación digital en España. Para ello resulta primordial desarrollar documentos de buenas prácticas para el sector, que estén adaptados a las circunstancias actuales, manteniendo la protección del interés público y sin que se produzcan diferencias de trato, el principio de proporcionalidad es uno de los principales para dinamizar el sector.

• La mejora en los procesos de funcionamiento de las PSPs.

Es deseable que los reguladores adapten sus formatos de reporte de operaciones a la realidad de las Proveedores de Servicios de Pago (PSPs), que se normalicen las relaciones entre entidades tradicionales y las PSPs para evitar la competencia desleal y avanzar en la adopción de medidas contra el fraude.

• La mejora de la competitividad, la transparencia y la experiencia de usuario de servicios financieros.