La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) ha elaborado su último informe AEFI Voice en el que analiza cuál es la situación de la identidad digital y en España, donde actualmente existen dos proyectos de ley en tramitación (sobre servicios electrónicos de confianza y medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para…
La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) ha elaborado su último informe AEFI Voice en el que analiza cuál es la situación de la identidad digital y en España, donde actualmente existen dos proyectos de ley en tramitación (sobre servicios electrónicos de confianza y medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19), para regular un tema de vital importancia para la economía española en el escenario post covid-19, que permitiría agilizar trámites en el ámbito público y privado, con la emisión de certificados electrónicos cualificados, que permitiría un ahorro y una mejora de la eficiencia sustancial para la administración, y aflorar una parte considerable de la economía sumergida, liberando casi un 14% del PIB.
El eIDAS (reglamento europeo que establece un marco jurídico común para los servicios de confianza y los medios de identificación electrónica) se aprobó en 2016, pero todavía no se aplica en su potencialidad en España. Supone para la identidad lo que fue el euro para la moneda en 1999: la homogeneización de un asunto fundamental para la creación de un Mercado Único Digital. Se trata del germen del DNI europeo, con el que más de 500 millones de ciudadanos y miles de empresas podrán realizar transacciones electrónicas seguras y confiables, que antes requerían un acto de identificación en presencia física, pero ahora de manera online, estableciendo un marco de actuación totalmente novedoso y un lenguaje económico común para las operaciones entre administración, empresas y ciudadanos.
El “Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, autorizó la emisión de certificados electrónicos cualificados por parte de los Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza, de forma totalmente online. Sin embargo, unas puntualizaciones restrictivas, realizadas por la Subdirección General para la Sociedad Digital, limitaban el efecto de esta autorización, acotando sus usos y ordenando la revocación de los certificados, una vez finalizara el estado de alarma.
España no supera el 20% de madurez en la digitalización de la Administración Pública, si se tiene en cuenta el grado de avance de los trámites digitales y el uso por la parte de los ciudadanos. La cantidad de identidades, DNIe y certificados FNMT…existentes mantienen un uso casi residual (menos del 1%), debido a la dificultad de uso y de acceso a la misma, encontrándose este uso circunscrito principalmente a trámites obligatorios para autónomos y empresas con la Agencia Tributaria.
Sectores regulados como el financiero o el de las telecomunicaciones ya pueden adquirir clientes online en cualquier momento y parte del mundo y la Administración Pública lo necesitará en el escenario post-covid19, para apoyar la reactivación de la economía y facilitar el acceso a los ciudadanos a sus servicios. Se estima que el Mercado Único Digital podrá generar más de 30 Billones de € en el mercado europeo en los próximos 5 años, convirtiéndose en el principal impulsor de la competencia en sectores clave de la economía, incluida la Administración Pública, favoreciendo los servicios en sectores tales como el financiero, el sanitario, las telecomunicaciones, la economía colaborativa, el paso de fronteras, el transporte y la movilidad e incluso la democracia electrónica y la participación ciudadana.
Pese al retraso en la aplicación de la normativa comunitaria eiDAS, España fue un país pionero en la implantación de soluciones que permitían la identificación a distancia aceptadas e impulsadas por el SEPBLA que, durante el año 2019 en España, permitieron identificar a mas de un millón de usuarios en el mercado financiero con el máximo nivel de seguridad. No obstante, esta ventaja competitiva que permite nuestra normativa está quedando relegada frente a modelos como el italiano o el alemán por falta de visión, pese a que dichos sistemas, son mas ineficientes y se encuentran en retroceso por su alto coste y complejidad. En este sentido, algunos Prestadores de Servicios de Confianza españoles están ya están notando los efectos de esta falta de visión, siendo adquiridos por prestadores homólogos de otros países que no cuentan con tantas ataduras en el reto digital.
La identidad digital, sencilla de obtener y fácil de usar, a pleno rendimiento, permitiría que el Estado pudiera funcionar en tiempo real y liberar un impacto de hasta un 13,6% del PIB, según un estudio elaborado por Mc Kinsey, y lograría que emergiera gran parte del fraude de la economía sumergida en España, hasta el punto de aflorar 254.000 millones de euros al año, según cálculos de técnicos de Hacienda. Además, la identidad digital es clave en la introducción de la moneda y pagos electrónicos, para eliminar el dinero en papel, lo que podría suponer un ahorro de 600 millones anuales.