La AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech) reclama la creación de una nueva figura de prestamista de crédito al consumo, que esté sometida al procedimiento de registro y reconocimiento por parte de una autoridad competente independiente, tal y como establece el artículo 37 de la Directiva 2023/2225. Se trata de una de las peticiones…
La AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech) reclama la creación de una nueva figura de prestamista de crédito al consumo, que esté sometida al procedimiento de registro y reconocimiento por parte de una autoridad competente independiente, tal y como establece el artículo 37 de la Directiva 2023/2225. Se trata de una de las peticiones de la asociación en el proceso de respuesta a la consulta pública de la transposición de la Directiva relativa a los contratos de Crédito al Consumo, en base a la experiencia y conocimiento de las compañías pertenecientes a la vertical de lending online.
Además, la AEFI reivindica el papel clave de las FinTech en la democratización del acceso al crédito y la innovación de productos financieros personalizados, lo que ha facilitado el crecimiento de un mercado dinámico. En este sentido, se muestra en contra de la restricción a la hora de conceder licencias para ofrecer préstamos al consumo, puesto que va en contra del derecho comunitario y de los propios consumidores.
La asociación avisa de las consecuencias de esta restricción para las entidades del sector del lending online, en su mayoría pymes, socavando el dinamismo que han aportado las FinTech, incluyendo la diversidad de la oferta crediticia, la personalización de productos crediticios y la eficiencia operativa. Además, iría en contra del principio de proporcionalidad en cuanto a tamaño, características y el propio producto. La AEFI pone como ejemplo la legislación de Australia y Reino Unido, mientras que alerta sobre la reducción de empresas y de alternativas para los consumidores finales que ha provocado la sobrerregulación en algunos países nórdicos.
Criterios adaptados a cada circunstancia
La AEFI aboga por mantener un marco regulatorio que proteja a los consumidores, que garantice el acceso al crédito, que permita el desarrollo innovador y competitivo del sector, y que respete el principio de libre prestación de servicios, una vez sea transpuesta a derecho español la conocida como «Nueva Directiva de Crédito al Consumo».
La AEFI considera que la adopción de criterios generales no es congruente con la diversidad de tipologías de entidades y de productos de crédito al consumo, ni con el principio de libre prestación de servicios, por lo que los análisis de solvencia deben basarse en el criterio que tenga cada entidad.
La asociación recalca que el sector del lending online se basa en los principios del préstamo responsable que implican un compromiso por parte de las entidades prestatarias de brindar apoyo y asesoramiento al consumidor en caso de impago, buscando soluciones justas y refinanciación de deudas bajo condiciones favorables, así como la evaluación de la solvencia del cliente, garantía de una operación segura y factible, la transmisión de información completa, clara y precisa, una comunicación justa, el cálculo transparente de costes y prevención del sobreendeudamiento, entre otros.
Un bureau positivo de crédito de consulta
La AEFI apuesta por la creación de un bureau positivo de crédito donde se pueda consultar la posición deudora de los clientes y que sea un mecanismo ágil para no entrar en contradicción con un modelo de negocio en el que la inmediatez es fundamental. Este bureau contendría información tanto negativa como positiva de los clientes y beneficiaría a los buenos pagadores.
Por otro lado, la AEFI también apuesta por utilizar el coste total del crédito como referencia frente a la TAE, puesto que tiene la ventaja de eliminar la interferencia que provoca la duración del contrato, cuando se trata de productos con duración inferior a un año.
Por último, la asociación considera que la fragmentación en la supervisión y sanción puede provocar inseguridad jurídica para las entidades, que quedan expuesta a criterios dispares que impiden operar con normalidad y de forma homogénea en el territorio nacional, por lo que apuesta porque la autoridad competente, a efectos de supervisión y sanción, sea el Banco de España, y, a efectos de la resolución extrajudicial de conflictos, la Autoridad Independiente de Defensa de Cliente Financiero, una vez sea creada.