Este próximo 9 de junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo para elegir a los eurodiputados que, junto a los representantes de los gobiernos de los países de la UE, dan forma y deciden nuevas leyes que influyen en todos los aspectos de la vida en la Unión Europea, incluidos todos los que tienen que ver con la regulación que afecta a la industria financiera. Además, el Parlamento aprueba el presupuesto de la UE, controla cómo se gasta el dinero y elige al presidente de la Comisión Europea, nombra a sus comisarios (como Colegio) y les obliga a rendir cuentas.

Sin duda, la renovación del Parlamento Europeo y la nueva mayoría que se configure fruto de estas elecciones, puede influir en la agenda que establecerán las nuevas autoridades europeas, aunque se espera que mantengan una línea continuista en sus actividades en el ámbito de la regulación financiera.

Con motivo de la celebración de estos comicios, AEFI (Asociación Española de FinTech e InsurTech) ha elaborado un documento en el que analiza cuáles serán algunas de las regulaciones más relevantes que terminarán de discutirse, ver la luz y desarrollarse para su aplicación directa o transposición en los países de la Unión a lo largo de la próxima legislatura, y cómo afectan tanto a las entidades del ecosistema como a los usuarios finales.

1. PSD3 y PSR: un nuevo horizonte para la seguridad y competitividad en los servicios de pago de la UE

La Comisión Europea está revisando el marco actual y trabajando en la propuesta de cambios para la Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD3) y el Reglamento sobre servicios de pago (PSR). El nuevo paquete introduce cambios significativos en el sector de pagos de la Unión Europea con el objetivo de reforzar la seguridad en las transacciones y mejorar la protección de los usuarios y la armonización de los criterios de autorización para los proveedores de servicios de pagos. También se busca aumentar la competencia en los servicios Open Banking y facilitar el acceso de los proveedores no bancarios a los sistemas de pago para crear un mercado más seguro y competitivo, garantizando una mayor transparencia y confianza para los consumidores.

Además, este nuevo paquete incluye nuevas regulaciones para progresar en la lucha contra el fraude y establecer normas más claras para la responsabilidad de los proveedores de servicios de pago en caso de transacciones no autorizadas. Se espera que esta directiva modernice el marco legal existente, adaptándose a las innovaciones tecnológicas y a los cambios en el comportamiento de los consumidores.

En el último Pleno de la legislatura, el Parlamento Europeo terminó de fijar su posición y dar luz verde a la negociación en trílogos, pero por el momento el Consejo de la UE sigue negociando su posición. Una vez aprobado el paquete, tras su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE) y entrada en vigor, en principio PSR comenzará a aplicar tras 18 meses y los Estados Miembros tendrán el mismo plazo para transponer PSD3.

2. Próximos pasos hacia el euro digital

Aunque la Comisión Europea adoptó las propuestas a la vez, el reglamento de euro digital está en una fase menos avanzada que la nueva regulación de pagos. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) llevan desde 2021 trabajando en el diseño y viabilidad del euro digital, pero ahora es el turno de los colegisladores.​

Los próximos pasos son la adopción por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de una posición preliminar de cara a su negociación en trílogos y por el momento no hay un consenso que permita avanzar en la tramitación. Sin duda, sacar adelante el marco de euro digital será uno de los retos principales en regulación financiera del arranque de la nueva legislatura. Tras la definición de las características principales de un potencial euro digital, será el BCE el que lidere la tarea de la definición de los aspectos más técnicos sobre su desarrollo. El conjunto del proceso puede alargarse varios años.

La introducción del euro digital para uso minorista podría conllevar cambios de calado en el funcionamiento del sistema financiero, concretamente en las infraestructuras y el sistema de pagos.

3. Entrada en vigor del Reglamento MiCA: nuevos requisitos para proveedores de servicios de Criptoactivos en la UE

Su objetivo es proporcionar un marco regulatorio armonizado y seguro para fomentar la innovación y proteger a los usuarios en el espacio de los criptoactivos en la UE. A partir del 30 de diciembre de 2024, comienza a aplicar el Reglamento MiCA, aunque en España habrá un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2025 para los nuevos proveedores de servicios en el mercado de criptoactivos (CASPs), que deberán obtener autorización por parte de la autoridad nacional competente (CNMV en el caso de España) y ser registrados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para operar, beneficiándose del pasaporte europeo.

Actualmente, la UE se encuentra culminando el desarrollo del Nivel II, cuya recta final corresponderá a la nueva legislatura.

4. DORA: fortaleciendo la Resiliencia Operativa Digital de las Instituciones Financieras de la UE

El reglamento DORA (Digital Operational Resilience Act), también denominado Ley de Resiliencia Operativa Digital, fue adoptado por la Unión Europea en diciembre de 2022, con el objetivo de asegurar que las instituciones financieras en la UE puedan resistir, reaccionar y recuperarse ante amenazas operativas digitales. Este reglamento aborda la seguridad digital en un contexto cada vez más tecnológico, donde los ciberataques y las fallas tecnológicas representan riesgos significativos.

DORA se extiende a una variedad de entidades financieras en la Unión Europea, abarcando bancos comerciales y de inversión, compañías aseguradoras, empresas de inversión, gestores de fondos, proveedores de servicios de pago, sociedades de valores… Los proveedores de servicios externos contratados por entidades financieras también deben cumplir con el reglamento, lo que incluye servicios en la nube, centros de datos, procesadores de pagos como PayPal, empresas que ofrecen servicios de análisis de datos, plataformas de software y gestión, y proveedores de servicios de ciberseguridad, entre otros.

Este reglamento fue publicado el 16 de enero de 2023 y a partir del 17 de enero de 2025 será aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Al igual que el Reglamento MiCA, actualmente se encuentra culminando el desarrollo de su Nivel II.

5. RIS: una estrategia para proteger al inversor minorista

En mayo de 2023, la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas dirigido a fomentar la protección del inversor minorista, conocido como Estrategia de Inversión Minorista, o Retail Investment Strategy (RIS). Aunque el Parlamento Europeo en el último Pleno de la legislatura dio luz verde a su posición inicial y a la negociación en triálogos, el proceso que ahora queda en stand by por las elecciones y el previsible cambio en la composición de la cámara obligará a retomar parte de las conversaciones de un paquete que por el momento no ha alcanzado un consenso político y en la industria general. Todo ello sin contar con el necesario posicionamiento del Consejo de la UE y la negociación en trílogos, por lo que es previsible un retraso en la puesta en marcha de esta regulación.

Cabe recordar que una vez entre en vigor la RIS, en principio hay previstos 18 meses para su aplicación, siendo necesaria la transposición de la Directiva a las diferentes regulaciones nacionales de los Estados miembros en los primeros 12 meses.

6. SFDR: hacia una divulgación de las Finanzas sostenibles

En marzo de 2021 entraba en vigor un nuevo reglamento sobre la transparencia de la información en materia de sostenibilidad para los productos financieros, el denominado Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, SFDR, Reg. UE 2019/2088).

Esta normativa, que afecta a todas las entidades financieras que comercializan productos de inversión en cualquier país de la zona euro, tiene el objetivo de que las entidades cataloguen sus productos financieros de inversión, como los fondos, dentro del nivel de sostenibilidad que corresponda en base a los criterios establecidos. Es decir, hacer más comprensible el perfil de sostenibilidad a través de normas específicas que establecen qué y cómo se debe comunicar en este sentido.

En diciembre de 2023, la Comisión sometió a consulta la Directiva SFDR barajando dos diferentes alternativas. Por un lado, la liberación de la clasificación de fondos para las gestoras, por lo que la Comisión se alejaría del marco actual y la inversión sostenible versaría en la justificación de estrategias de inversión y la búsqueda de la transformación sostenible financiera de las empresas y, por otra parte, se optaría por el mantenimiento de las clasificaciones actuales con un abundamiento de criterios de mínimos para delimitar las tipologías de fondos. A la espera de la reforma de esta regulación, la proposición de nuevas categorías impacta de manera directa en el diseño de los productos financieros.